La doble lucha de los delegados de Metrovías (parte II)

Grupo Al Margen
Entrevista a Néstor Echeto, Delegado Línea D, y a José Luis Fragueiro, Trabajador Línea D. DICIEMBRE 2007

¿Cuál es su reclamo original? Néstor Echeto (NE): Esto comienza con el reclamo del vaciamiento del taller Constitución: reclamo que tiene que ver con la falta de mantenimiento, en estos últimos dos meses quedó al descubierto. Los compañeros denunciaron esta situación, se negaron a hacer tareas que no les corresponden o simplemente exigieron el cumplimento de otras tantas tareas para mantener la seguridad de las formaciones. La empresa, en vez de tomar positivamente estos reclamos y mejorar el servicio, sanciona a los trabajadores. A partir de eso respondemos con paros o retenciones de tareas y Metrovías radicaliza su posición formando una especie de bola de nieve que no se puede parar.

¿Qué está sucediendo específicamente en el taller Constitución? NE: En el taller se han montado 60 cámaras aproximadamente vigilando cada uno de los puestos de trabajo. Es comprensible, aunque no se comparte, que la empresa ponga cámaras en el ingreso y egreso del taller para chequear que no se sustraigan cosas. Pero este no es el caso porque no tiene ningún sentido que se coloquen las cámaras sobre cada uno de los compañeros, esto se vuelve claramente persecutorio. Si a eso le agregas que hay 3 garitas y cerca de 12 policías para resguardar un espacio de una cuadra y media aproximadamente, se está trabajado en un campo de concentración. La respuesta a nuestra acusación de este hecho es la misma desde todos los frentes (el sindicato o el mismo Ministerio), que “no es tan malo” o que resulta algo inevitable.

¿Y cuántos casos de suspensiones dio Metrovías por esta causa? NE: En las últimas reuniones en el Ministerio de Trabajo presentamos 20 casos de suspensiones, pero conocemos muchos más casos. Existen compañeros que fueron suspendidos y no quieren que se les quite la sanción ni recuperar el dinero descontado porque consideran que fue correcta su manera de actuar. De todos modos, trataremos de que todos reciban el pago por los días suspendidos. Los días que no podamos cubrir por medio de la negociación se cubrirán con los fondos de huelga que tenemos. El número de trabajadores afectados supera los 200. José Luis Fragueiro (JLF): Creo que aproximadamente 264, entre los diferentes tipos de sanciones y suspensiones.

¿Cuáles son las posibles razones que usa Metrovías para justificar estas medidas? NE: Por ejemplo a un compañero “señalero” que fue suspendido por 15 días: su trabajo es chequear que las señales funcionen adecuadamente, esas señales se vinculan en muchos casos a cambios que permiten maniobrar a las formaciones en el túnel y dan el “permiso” para el cambio. En la línea A hay un cambio que se encuentra funcionando con un motor de menos de forma tal que logra hacer la señal, manda información como si el cambio se hubiera realizado correctamente pero, al mismo tiempo, la potencia del motor podría no llegar a la fuerza necesaria para mover los rieles. La empresa, en lugar de poner un motor con la potencia que corresponde, pide a ese compañero que controla la señal que entre en el túnel y vaya hasta ese lugar preciso en que se hace el cambio para comprobar que se realice efectivamente. Cuando se niega a hacer esto, surge la sanción. Por otra parte es un riesgo: si llegara el caso de que el compañero tiene la intención de realizar ese trabajo pero por cualquier razón no puede, tiene que estar rezando por que el cambio se haga. JLF: Independientemente de todo esto, la discusión es absurda porque la empresa sabe que tiene que dar un servicio adecuado y que su sistema de seguridad tiene que ser infalible y resulta ser todo lo contrario. No hay seguridad y nunca se intentó mejorar la situación.

¿De dónde nacen las presiones para el desafuero del delegado Néstor Segovia? NE: El caso de Segovia es una clara provocación. Lo acusan de sabotaje y se trata de una acusación genérica que hacen a la mayoría de los delegados sin ningún tipo de prueba que lo sostenga; pero además lo inculpan de agredir a personal de seguridad. Fue una maniobra para permitir abrirle una causa penal y que justifique el pedido de desafuero de la empresa. La cuestión es que Segovia está en el Taller Constitución que es el que se propusieron vaciar y por eso necesitan liquidarlo, para mantener el negocio de fondo que es lainauguración de la Línea H.

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La doble lucha de los delegados de Metrovías (parte I)

Grupo Al Margen

El reclamo por mejoras en las condiciones de seguridad en las formaciones y estaciones del subte ha puesto en veredas opuestas a delegados-obreros y a Metrovías (empresa concesionada) y el sindicato UTA. Denuncias, presiones y amenazas se vuelven moneda corriente en esta discusión. (nota realizada en diciembre de 2007)

“Se está trabajado en un campo de concentración”, así se refiere el delegado Néstor Echeto a la constante vigilancia y la presencia policial en el Taller Constitución de la línea C. Aquello que comenzó como un reclamo por medidas de mantenimiento desembocó en una situación que mezcla denuncias cruzadas entre la empresa y los obreros. La actividad constante y lucha de los delegados junto a la importancia misma del subte como transporte urbano (según Metrovías, en el 2005, el subte y premetro transportó 253,3 millones de pasajeros pagos, en el 2006 esa cifra superó los 267 millones) hace imposible ocultar conflictos tan visibles como los reclamos de los obreros. Hoy día, el eje de esta histórica puja se mueve a otro problema que iguala al trabajador con el usuario: la seguridad y mantenimiento de los coches de transporte y la inactividad de la empresa que recibe subsidios estatales multimillonarios. En este marco se incrementaron las presiones sufridas por los representantes obreros del subte, no solo las que se reciben desde la empresa sino presiones de UTA (Unión de Tranviario y Automotor), el sindicato mismo al que los trabajadores del subte se encuentran afiliados.

Los delegados denuncian que se preparó todo un arsenal de ataques e intimidaciones: la presencia de garitas y cámaras de vigilancia en los lugares de trabajo, la prohibición de las asambleas obreras, el pedido de desafuero del delegado obrero Néstor Segovia y el inicio de los trámites para su despido hasta amenazas e intimidaciones directas. En contrario, Metrovías afirmó que el delegado Segovia “vandalizó” los coches en formación y que las protestas no son compartidas por la mayoría de los trabajadores.

A partir del 4 de octubre de 2007 la Defensoría del Pueblo tomó cartas en la disputa llamando a la conciliación y entabló una mesa de negociaciones entre las partes mediada por el Ombudsman Eduardo Mondino. A esta acudieron la Secretaría de Transporte, la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), Metrovías y, de manera separada, representantes de UTA y de los delegados de talleres del subte. Con la consigna de respetar los posibles acuerdos, los trabajadores decidieron no presentar medidas durante la conciliación aunque no la respuesta de la empresa.

Históricamente, en subtes, se han logrado muchas reivindicaciones para los trabajadores como los aumentos de media canasta familiar al sueldo y la reducción de jornada por trabajo insalubre. El delegado de tráfico en la línea D Néstor Echeto participó en esas luchas y actualmente es representante de los delegados en las negociaciones.

Emergencia: sustos y avisos
Entre reclamos y advertencias los coches continúan en uso en las 5 líneas a las que se suma la recién inaugurada, y ya denunciada, línea H. Como es previsible, los problemas se suceden comprobando que el pedido de los trabajadores no es más que el cumplimiento de normas de seguridad básicas. Esta es la recapitulación de “accidentes” importantes por la falta de mantenimiento.

19 de mayo 2006 descarrila una formación de la línea A en la estación Miserere. No existen víctimas fatales ni heridos de gravedad.

21 de junio 2006 otro descarrilamiento pero en la línea D a la altura de Plaza Italia. Nuevamente tampoco hay víctimas fatales ni de gravedad.

3 de Agosto de 2006 otro principio de incendio esta vez, en la línea «D», en un coche en formación que se dirigía hacia Belgrano. Debieron evacuarse a los pasajeros cuando en la estación Scalabrini Ortiz se advirtió que salía una espesa columna de humo de una las unidades. Más tarde se comprobó que la avería se produjo en los frenos de un vagón.

10 de septiembre 2006 coches de la línea C descarrilan en Diagonal Norte. Nuevamente no se produjeron muertes o heridos.

21 de Octubre de 2006 El servicio de la Línea A de subterráneos estuvo suspendido más de cuatro horas, debido a un principio de incendio en los cables de electricidad que alimentan de energía a las vías, informaron fuentes policiales y de Metrovías. Cuando se inició el fuego, a las 9:42 en la estación Alberti, la empresa “cortó la energía de la línea y se interrumpió el servicio”. Al lugar concurrieron tres dotaciones de bomberos. El servicio se restableció recién a las 14.

23 de Julio 2007 ocurrió un principio de incendio que afectó la estación Independencia de la línea E de subtes, sin que se produjeran heridos ni se interrumpiera el servicio. Metrovías aceptó, en este caso, la existencia del fuego pero declaró que fue extinguido rápidamente por un policía que oficiaba de vigilante de la estación. La línea continuó con su servicio sin parar en esa estación.

5 de octubre 2007 un tren de la línea D siguió de largo varias estaciones entre Agüero y Carranza. Además, se detuvo 25 minutos en el túnel. Una pasajera embarazada tuvo problemas y desde Metrovías no dieron ninguna explicación.

19 de octubre 2007 hubo demoras e interrupción en la línea B luego de que un pasajero denunció haber escuchado una explosión y se corroborara un principio de incendio en una formación parada en la estación Malabia. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos que combatieron las llamas. Como consecuencia del episodio no hubo heridos. Metrovías, en tanto, rechazó la existencia de la avería.

El 13 de septiembre de 2007 la viceministro de Trabajo, Noemí Rial, afirmó tras una inspección en el taller Rancagua de la línea B que “están dadas las condiciones de seguridad para que los subtes puedan circular” y no existía “riesgo real ni inminente para los pasajeros”. En el mismo mes, el Ente Regulador de Servicios de la Ciudad realizó un informe que contradijo esa postura. En él, se descubrieron 503 fallas, contra 596 contabilizadas a lo largo de todo el año 2006. Las mayores falencias son la falta de higiene, de señalización y de elementos de seguridad contra incendios. Cuando estas fallas salen a luz se los tiene como accidentes y hasta se los niega desde la empresa pero resulta esencial entenderlas conjuntamente, como un proceso. Es en los hechos que las denuncias de delegados-trabajadores encuentran su prueba: Metrovías declara un subsidio estatal de $250 millones anuales y la falta de mantenimiento continúa. A eso se suma las entradas por el pasaje que alcanzaría aproximadamente los $206,3 millones en el 2006 y que se vieron incrementadas a principios de este año.

Del reclamo a la persecución
En un informe del 2006, la Defensoría del pueblo atestiguó el “deterioro en la calidad del servicio en menoscabo a los pasajeros y trabajadores del sector” intimándose a la CRNT y Metrovías a consolidar un servicio seguro, eficiente y apto. Los empleados se adueñaron rápidamente de este reclamo.

La inauguración de la línea H proporcionó la oportunidad a la empresa de dividir uno de los espacios de más fuerte acción de la organización obrera, la UTA prefirió aceptar calladamente. El traslado de las unidades Siemens para prestar servicio en la nueva línea requiere el consecuente traslado de parte del personal a ese sector y la redistribución del restante en otros talleres del Subte. Al mismo tiempo Metrovías avanzó contra la organización de los talleres sumando puestos de trabajo a empresas tercerizadas.

A fines de agosto comienzan las declaraciones en bloque de Metrovías, la CRNT y el sindicato. La empresa perteneciente a Roggio Transportes S.A. (que mantiene un 75% de acciones) emitió un comunicado en el que advierte que los delegados impedían la salida de los trenes respondiendo “a motivaciones que son ajenas a las relaciones laborales y a las facultades de los delegados”. El Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, limitó el conflicto a “un problema gremial” y desentendiéndose de los problemas técnicos denunciados anteriormente sostuvo que “se está generando temor en la gente”. A tono con estas declaraciones, un comunicado de la conducción de la UTA calificó a los delegados como “fabricantes de rumores” y de “traidores” por su oposición al gremio. En entrevista con el delegado Echeto dijo: “Hoy día, los organismos de control son funcionales a los intereses de Metrovías y las privatizadas en general”.

El 13 de septiembre (mientras la viceministro inspeccionaba los talleres de la línea B) la vocera de Metrovías, Lucila Maldonado, confirmaba el pedido de “desafuero” contra el delegado del Taller Constitución de la Línea C, Néstor Segovia y el inicio de una causa penal por “impedir la salida de una formación habilitada para el servicio, parándose sobre las vías delante del tren”, amenazas y la agresión directa a otro trabajador. Al respecto, Echeto comentó que se trató de “una maniobra para permitir abrirle una causa penal que justifique el pedido de desafuero de la empresa” debido a que “Segovia está en el Taller Constitución que es el que se propusieron vaciar y por eso necesitan liquidarlo”.

Sentados a la mesa
Ante la creciente presión de la empresa y la gremial contra los delegados de base y el llamado de los delegados a paro activo de 24 horas para el 26 de septiembre de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación propuso una mesa de diálogo.
Echeto habló sobre los puntos llevados a la negociación: “Nosotros planteamos resolver las consecuencias del conflicto: lo de Segovia y el resto de los compañeros comenzando por Segovia que es lo más grave”, además “estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo en la construcción de un informe técnico concreto sobre el estado del mantenimiento de los trenes”. Opuestamente, en un comunicado de prensa del 28 de septiembre de 2007 Metrovías informó que llevaba invertidos “118 millones de pesos” en mantenimiento y ratificó “el respeto por las condiciones en que sus 4000 empleados trabajan diariamente, apoyando la voluntad de trabajo de cada uno de ellos”. Los hechos sobre las condiciones de trabajo en Taller Constitución y “el poco margen de acuerdo” que Echeto afirmó sobre las negociaciones del caso Segovia y todos los trabajadores afectados por sanciones.

Hoy día, la maniobra de desafuero contra Néstor Segovia sigue en curso y el cuerpo de delegados del subte ha llamado a una manifestación el 3 de abril frente al Juzgado Laboral 59, en defensa de la plena libertad de acción gremial y el cese de la causa contra Segovia.

Links de interés: http://www.metrodelegados.com.ar/ (Sitio de los delegados y trabajadores del subte)

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El juego sucio

Grupo Al Margen

El Delegado Federico Rubio colaboró en la correción final de esta nota

El conflicto desatado en noviembre de 2007 entre los trabajadores del Casino de Buenos Aires y sus empleadores dio lugar a una organización férrea de los empleados en pos de mantener sus puestos de trabajo. Al día de la fecha, empleados del Casino acampan en Plaza de Mayo manifestando su repudio al despido, el apriete y la represión.

Erguida a un costado de la Pirámide de Mayo y mirando de frente a la Casa Rosada

se levanta la carpa improvisada que da refugio a los trabajadores del Casino de Puerto Madero. Allí recibieron año nuevo y allí esperan una resolución que les permita recuperar el trabajo a los más de 100 despedidos desde noviembre de 2007. Este es tan sólo otro caso en el que las demandas de los obreros encuentran como respuesta el despido y la persecución de sus representantes.

El campamento se levantó luego de numerosos desalojos y enfrentamientos con Prefectura en las cercanías del casino donde se hizo la primera acampada. De este modo buscaron llevar su reclamo ante el mismo gobierno nacional, manteniendo el pedido de retribución laboral para las decenas de compañeros cesanteados. Al mismo tiempo, protestando ante la indisposición de la empresa para el diálogo y la medida cautelar que la jueza Servini de Cubría dio a lugar para dejar sin base a la conciliación obligatoria dictada a comienzos de diciembre de 2007.

 

Al Margen mantuvo una charla con el delegado Federico Rubio, quien fue elegido por sus compañeros para relatar lo sucedido. Habló sobre el proceso de su lucha, su lectura sobre la situación del conflicto y de los grupos sindicales, empresariales y políticos que están involucrados.

Girando en la ruleta
El origen de esta contienda tuvo un trasfondo netamente laboral: las asambleas planteaban la reducción de la jornada de trabajo, debido a los diversos problemas de salud que se volvían crónicos en los trabajadores expuestos, día tras día, a un tránsito insostenible de clientes. A pesar que desde los medios se lo trató como un choque por el encuadramiento entre el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la República Argentina (ALEARA) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Rubio aclara que fue una movida de la empresa que contrató a estas patotas “entre dos, tres semanas antes de que pase el conflicto […] simulaban que eran trabajadores pero en definitiva no dejaban de ser una patota sindical”. En ningún momento los delegados discutieron el encuadramiento, al respecto Rubio sostiene “nosotros siempre entendimos que nuestra actividad primera es el juego de azar y desde un principio decidimos quedarnos en ALEARA. Y de esta manera conservar nuestra independencia ideológica y poder actuar como actuamos”.

Seis días después del enfrentamiento con las patotas, Casinos de Buenos Aires despidió a 60 empleados acusados de haber participado en los incidentes. La empresa afirmó que estos despidos respondían a una “causa justificada” por destrozos efectuados a su propiedad y no efectuó el pago de indemnizaciones. En consecuencia, los delegados propusieron una huelga por tiempo indeterminado para reclamar la reincorporación de los compañeros cesanteados. No se recibió más que un escaso apoyo de la conducción del sindicato de ALEARA: en palabras de Rubio “el sindicato simplemente simuló apoyarnos en todas las instancias, hizo un par de acciones como para quedar resguardado legalmente, pero eran cosas insignificantes dada la magnitud de los problemas que estábamos enfrentando”. Esto sumado a haber perdido el apoyo de la CGT al no acatar las negociaciones entre Hugo Moyano y la patronal, desde el paro donde se consiguió la caja de empleados. Al consolidarse la huelga, la empresa despide a 16 personas más, y finalmente llega al número de 102 por “abandono de trabajo”.

Los huelguistas levantaron campamento en las cercanías del casino buscando forzar a la empresa a entablar el diálogo y conciliar una salida. Sucedió todo lo contrario: la patronal mantuvo (y mantiene) un escaso contacto, prácticamente monótono reafirmando su postura, los trabajadores conservaron impedido el paso de clientes y los vallados de Prefectura se hicieron parte de la postal del casino. En este clima de constante tensión se produjeron numerosos enfrentamientos entre los oficiales y empleados.

Una de las luchas más violentas se dio el 4 de diciembre de 2007, cuando los oficiales arremetieron contra una asamblea que se estaba realizando en el campamento. El entonces ministro del Interior Aníbal Fernández declaró al día siguiente que se había dado instrucciones precisas y que “el personal de Prefectura está allí en forma preventiva, de forma de cuidar la situación de la zona y no para participar activamente en un hecho de estas características”. Luego de estos incidentes son detenidos 10 empleados, que son liberados días después. Rubio relata que “los ‘albatros’ salieron a chupar gente que estaba manifestando pacíficamente en el acampe […] la fuerza que supuestamente tiene que protegernos vino a pegarnos, hicieron toda una demostración de fuerza, desplegaron una maquinaria en contra del trabajador, y salieron a chupar gente”. La acometida de los oficiales dejó como saldo varios heridos y los trabajadores denunciaron prácticas represivas. También se abrieron causas a varios delegados por disturbios en la vía pública y resistencia a la autoridad.

El reclamo incesante de los obreros sin el respaldo y apoyo del sindicato logró que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria, pero ésta no fue acatada por la empresa y la jueza Servini de Cubría dio el marco legal para que la empresa actuara de este modo clausurando el predio. “Desde ese momento nosotros venimos a Plaza de Mayo, viendo que la cuestión sindical y empresarial no tenía mucha salida, viendo que el problema ya se volvía muy político, porque estaba metida la justicia de manera improcedente” sostuvo Rubio.

Apostar la salud y el trabajo

El ataque del 9 de noviembre a la asamblea de trabajadores del Casino de Puerto Madero, sucedió mientras se discutía sobre el reclamo por la reducción horaria. Se planteaba bajar la carga horaria a las 6 horas. Debido al gran afluente de clientes que tiene el casino -“9 a 12 mil personas por día los fines de semana”, según el delegado Federico Rubio- y con jornadas de 8 horas, la salud de muchos trabajadores se veía gravemente afectada.

Los empleados denunciaban violaciones a la normativa de salud y seguridad laboral, de las Leyes 19.587 y 24.557 de riesgos del trabajo que estipulan la protección de la vida e integridad psicofísica de los trabajadores, la prevención de enfermedades y/o accidentes que pudieran derivarse de la actividad laboral, así como la promoción de eventuales reubicaciones de empleados damnificados. Entre las enfermedades y malestares particulares se probaron problemas musculares, trastornos respiratorios, psicológicos, casos de abortos y partos prematuros.

De acuerdo al testimonio del delegado, este reclamo de insalubridad ya había sido presentado en el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia y ante la misma empresa, e iban a conformar la mesa de Seguridad e Higiene; pero esta propuesta fue dejada de lado luego del 9 de noviembre. La gran cantidad de trabajadores despedidos y el comienzo del proceso de desafuero a delegados obligó a los trabajadores a movilizar sus fuerzas por la reincorporación y contra el atropello a su organización representativa. El delegado afirmó que se vieron obligados a dejar en un segundo plano el reclamo por la salubridad puesto que “articularlo con la lucha actual es bastante complicado, porque estamos en un momento en el que la empresa sigue buscando el desgaste, no podemos plantearnos varios objetivos cuando en definitiva nos está faltando el primordial, el puesto de trabajo”.

Negro el… pakto

El conflicto que se desató entre los empleados del casino con la patronal resulta en una verdadera epopeya con trabajadores que se han organizado a conciencia frente a un bloque que obra conjunta y coordinadamente. No resulta extraña ni paranoica la caracterización que hacen los delegados de los obreros de este mecanismo como un complot donde se entremezclan el Poder Ejecutivo, los intereses empresariales y la burocracia sindical.

La relación entre el matrimonio presidencial y Cristóbal López, socio mayoritario de la empresa que explota el casino de Puerto Madero, resulta aclaradora y se remonta a los tiempos en que el ex-presidente gobernaba la provincia de Santa Cruz y que no ha mermado hasta el día de hoy: en los últimos días de su mandato Néstor Kirchner firmó el Decreto N° 1.851 por el cual extendió en 15 años (de 2017 a 2032) la concesión de las máquinas tragamonedas del Hipódromo Argentino de Palermo a la empresa Casino Club S.A. manejada por Cristóbal López. En el mismo decreto el Poder Ejecutivo “demanda” que se instalen más máquinas y hasta justifica la extensión en la necesidad de amortizar las máquinas que reclama la empresa. El exorbitante ascenso de Casino Club S.A. sucedió en simultáneo al ascenso del matrimonio presidencial.

Otro personaje de este entrecruzamiento relacionado al Kirchnerismo es Omar Suárez, Secretario General del sindicato de marítimos SOMU, que de acuerdo con los trabajadores, es el gremio responsable de los ataques del 9 de noviembre. Sus relaciones con la empresa y los intereses de Cristóbal López comenzaron aún antes de que éste adquiriera el control del casino: de acuerdo a las declaraciones de Federico Rubio “cuando la empresa española CIRSA –Compañía Internacional de Recreativos S.A. es la sociedad que adquirió los derechos a la explotación del casino en 1999- se ve obligada a vender el 50% de sus acciones a Cristóbal López, el SOMU se presta a una jugada de hacer un paro virtual para abaratar las acciones de CIRSA y poder comprarlas a menor precio”. El delegado cristaliza la situación en la que se encuentran al atestiguar que los sindicatos (tanto el SOMU como ALEARA) “están apostando a un pacto social en el cual no quieren que el trabajador pueda imponerse ante la burocracia”.

Es ilustrativa la declaración del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien aseguró que miembros de la Prefectura obraron desobedeciendo órdenes de no intervenir. Rubio afirma que en esa ocasión “los mismos gerentes de la empresa estaban en la línea de fuego”. Aunque Fernández había expresado la intención de separar de las fuerzas a los responsables, el prefecto Gustavo Koplin, encargado del operativo del 4 de diciembre, fue ascendido y se le confió el manejo de la base Delta de la Prefectura Naval Argentina.

Algo similar sucedió el 2 de enero cuando los trabajadores decidieron movilizarse hasta el Hipódromo Argentino de Palermo, el delegado dijo a Al Margen “nos cruzamos con la patota sindical en Libertador, detrás de la patota estaban los gerentes”.

Uno de los momentos claves de la lucha fue cuando los trabajadores lograron que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria, tanto la empresa como los sindicatos y el Poder Judicial obraron en contra del acuerdo: el arreglo que permitía reiniciar el diálogo es rechazado por la empresa que pide que se prohíba el ingreso a “los violentos”. Del mismo modo obraron los sindicatos ALEARA y SOMU al firmar un acta en contra de la aplicación de la conciliación obligatoria a un grupo al cual juzgan de atentar contra la seguridad laboral. Aparte de esto, la jueza Servini de Cubría dio causa a la cautelar pedida por la empresa y, en primera instancia, clausuró el predio y demandó a Prefectura que impidiese el ingreso de 16 de los empleados inhibidos (la mayoría de ellos pertenecientes al cuerpo de delegados).

Los medios masivos de comunicación también jugaron un papel cambiante: en primera instancia cubrieron el conflicto cercanamente, pero luego giraron por completo su postura para realizar, comenta Rubio, un verdadero cerrojo en cuanto a la información sobre la lucha “en el momento del conflicto en el cual nosotros necesitábamos que la sociedad se siguiera enterando de lo que estábamos padeciendo, la empresa subió el canon de publicidad en los multimedios y éstos nos negaron la posibilidad de hacer públicos nuestros reclamos, nuestros problemas y vivencias”.

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