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Un pacto para vivir… en explotación

Posted by revistaalmargen en abril 5, 2008

Grupo Al Margen

Se cumplen 5 años de Kirchnerismo en la Argentina y se sella con ellos un modelo que se basa en el nuevo pacto social para pregonar la Argentina en serio. En el marco de la recomposición del PJ, versión K, resulta necesario profundizar el entendimiento sobre el significado impuesto del pacto y cuáles son sus expresiones reales para los trabajadores.

La idea del pacto juega con el imaginario peronista, con la estampa de la mano que, desde una posición ventajosa, levanta a la mano desfavorecida. Sería la superación de la lucha de clases a partir de un Estado con intervención económica como garante de la redistribución democrática (o más democrática) del ingreso. Con la caída de la visión de intereses contrapuestos e inconciliables se plantea la cohesión nacionalista de las clases: el capital nacional es el origen de la gran fábrica, el pleno empleo y la seguridad social para los trabajadores.

Históricamente el pacto social fue parte del modelo económico Keynesiano (en Latinoamérica expresado por los populismos nacionalistas) que atribuía una economía fuerte a un mercado interno fuerte. Una suerte de capitalismo humano que necesita, sin poner en juicio el statu quo, un proletariado con altos ingresos y gran concentración para favorecer el consumo. Este modelo entró en crisis a principios de los ´70 y la respuesta desde los países centrales fue el quiebre del movimiento obrero y la implementación del neoliberalismo. Las bases del nuevo modelo económico fueron y son hasta hoy, la libertad total del capital, sobre todo del capital financiero, el desmantelamiento del Estado y el quiebre de la organización obrera provocada por la concentración fabril.

La base para el proyecto de pacto kirchnerista está en el discurso sobre la recuperación de los derechos humanos a través del enjuiciamiento de responsables del genocidio cometido por la última dictadura. Pero esta habilitación no sale del discurso: durante el mandato de Néstor Kirchner se echó mano a la criminalización y militarización de la protesta, al gatillo fácil y a la tortura en las comisarías. El documento “‘El respeto y la defensa de los DD.HH.’, según Kirchner…”, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI – 2006), revela la distancia entre los dichos y los hechos del mandato del ahora expresidente denunciando el incumplimiento interesado de sentencias como la del caso Bulacio (desde septiembre de 2003). En los Derechos Humanos, el Kirchnerismo busca una fuente de legitimación pero sin que esto signifique un mayor respeto de los mismos. El Informe del boletín informativo N°429 del CORREPI es muy claro al denunciar que hasta mayo de 2007 son 692 las personas asesinadas por las Fuerzas de Seguridad y para el momento de traspaso del poder esa cifra subía a 847 muertos en 54 meses de gestión. Más de 16 por mes, en su mayoría jóvenes pobres.

El modelo del nuevo pacto social corresponde al neoliberalismo, al capitalismo salvaje. Hablar de pacto resulta hoy día en la alianza marcada entre el sector privado, los sindicatos burocráticos y el gobierno en pos de defender las pautas marcadas por el modelo económico reinante. Cristina Fernández goza de un superávit fiscal y comercial que se ha mantenido constante a lo largo de todo el periodo kirchnerista, una recaudación fiscal sin precedentes y reservas por US$ 50.000 en el Banco Central. Queda claro que el gobierno cuenta con fondos y medios para realizar los cambios que declara.

El kirchnerismo ha “tercerizado” la represión con el uso de patotas, criminalizado y militarizado la protesta obrera, respetado las privatizaciones y los deseos de las empresas multinacionales. El gobierno con mayor discurso en materia de derechos humanos y persecución política durante la última dictadura, es el que más restringe las libertades al movimiento obrero.

Los roles que juega cada uno están claros: los sindicatos se vuelven fuerzas de choque para atacar a las bases organizadas que luchan por verdaderas reivindicaciones obreras. El pago por esto es la autoridad para pactar los aumentos y la distribución de los ingresos de manera directa con el poder. Los ejemplos son muchos, como la acción conjunta del gremio Unión de Tranviario y Automotor (UTA) y la empresa Metrovías a finales de 2007, lo mismo hizo en Microomnibus Norte S.A. (MONSA) y la línea 60; el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el empresario Kirchnerista Cristóbal López.

Simultáneamente se plantea un régimen entre las empresas y el gobierno. Se estimula la producción sin interrumpir en el campo privado ni buscar la democratización del ingreso. Las subvenciones multimillonarias de las empresas y la represión en casos donde la protesta se acerca demasiado al Poder Ejecutivo (las patotas en el Hospital Francés, la militarización de las escuelas en Santa Cruz y la intervención del INDEC, entre otros casos) es el espacio de juego del proyecto K. De este modo recibe el apoyo de las empresas y de la burocracia sindical para imponer su modelo de normalización político-económica. La intervención del INDEC toma una relevancia central, no solo se acalla la crítica del modelo económico impuesto sino que el gobierno tiene dentro de su poder la capacidad de modificar las mediciones económicas y laborales.

La rama privada es doblemente beneficiada en este juego: la profundización de las políticas de quiebre obrero y la defensa del retiro del Estado, da la pauta de un amplio cuadro de libertades sólo limitadas por la orientación mínima pautada con el gobierno, que en muchos casos no pasa de un pacto sin una verdadera realización. Este nuevo pacto social no cambia las reglas de juego de la economía neoliberal, sino que las profundiza.

Links de interés:

http://correpi.lahaine.org/articulo.php?p=793&more=1&c=1 (Boletín N°429)

http://cablemodem.fibertel.com.ar/juicioalatortura/Presentacion_2007.pdf (Presentación del Archivo de Casos 2007)

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