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El juego sucio

Posted by revistaalmargen en marzo 29, 2008

Grupo Al Margen

El Delegado Federico Rubio colaboró en la correción final de esta nota

El conflicto desatado en noviembre de 2007 entre los trabajadores del Casino de Buenos Aires y sus empleadores dio lugar a una organización férrea de los empleados en pos de mantener sus puestos de trabajo. Al día de la fecha, empleados del Casino acampan en Plaza de Mayo manifestando su repudio al despido, el apriete y la represión.

Erguida a un costado de la Pirámide de Mayo y mirando de frente a la Casa Rosada

se levanta la carpa improvisada que da refugio a los trabajadores del Casino de Puerto Madero. Allí recibieron año nuevo y allí esperan una resolución que les permita recuperar el trabajo a los más de 100 despedidos desde noviembre de 2007. Este es tan sólo otro caso en el que las demandas de los obreros encuentran como respuesta el despido y la persecución de sus representantes.


El campamento se levantó luego de numerosos desalojos y enfrentamientos con Prefectura en las cercanías del casino donde se hizo la primera acampada. De este modo buscaron llevar su reclamo ante el mismo gobierno nacional, manteniendo el pedido de retribución laboral para las decenas de compañeros cesanteados. Al mismo tiempo, protestando ante la indisposición de la empresa para el diálogo y la medida cautelar que la jueza Servini de Cubría dio a lugar para dejar sin base a la conciliación obligatoria dictada a comienzos de diciembre de 2007.

 


Al Margen mantuvo una charla con el delegado Federico Rubio, quien fue elegido por sus compañeros para relatar lo sucedido. Habló sobre el proceso de su lucha, su lectura sobre la situación del conflicto y de los grupos sindicales, empresariales y políticos que están involucrados.

Girando en la ruleta
El origen de esta contienda tuvo un trasfondo netamente laboral: las asambleas planteaban la reducción de la jornada de trabajo, debido a los diversos problemas de salud que se volvían crónicos en los trabajadores expuestos, día tras día, a un tránsito insostenible de clientes. A pesar que desde los medios se lo trató como un choque por el encuadramiento entre el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar de la República Argentina (ALEARA) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Rubio aclara que fue una movida de la empresa que contrató a estas patotas “entre dos, tres semanas antes de que pase el conflicto […] simulaban que eran trabajadores pero en definitiva no dejaban de ser una patota sindical”. En ningún momento los delegados discutieron el encuadramiento, al respecto Rubio sostiene “nosotros siempre entendimos que nuestra actividad primera es el juego de azar y desde un principio decidimos quedarnos en ALEARA. Y de esta manera conservar nuestra independencia ideológica y poder actuar como actuamos”.

Seis días después del enfrentamiento con las patotas, Casinos de Buenos Aires despidió a 60 empleados acusados de haber participado en los incidentes. La empresa afirmó que estos despidos respondían a una “causa justificada” por destrozos efectuados a su propiedad y no efectuó el pago de indemnizaciones. En consecuencia, los delegados propusieron una huelga por tiempo indeterminado para reclamar la reincorporación de los compañeros cesanteados. No se recibió más que un escaso apoyo de la conducción del sindicato de ALEARA: en palabras de Rubio “el sindicato simplemente simuló apoyarnos en todas las instancias, hizo un par de acciones como para quedar resguardado legalmente, pero eran cosas insignificantes dada la magnitud de los problemas que estábamos enfrentando”. Esto sumado a haber perdido el apoyo de la CGT al no acatar las negociaciones entre Hugo Moyano y la patronal, desde el paro donde se consiguió la caja de empleados. Al consolidarse la huelga, la empresa despide a 16 personas más, y finalmente llega al número de 102 por “abandono de trabajo”.

Los huelguistas levantaron campamento en las cercanías del casino buscando forzar a la empresa a entablar el diálogo y conciliar una salida. Sucedió todo lo contrario: la patronal mantuvo (y mantiene) un escaso contacto, prácticamente monótono reafirmando su postura, los trabajadores conservaron impedido el paso de clientes y los vallados de Prefectura se hicieron parte de la postal del casino. En este clima de constante tensión se produjeron numerosos enfrentamientos entre los oficiales y empleados.

Una de las luchas más violentas se dio el 4 de diciembre de 2007, cuando los oficiales arremetieron contra una asamblea que se estaba realizando en el campamento. El entonces ministro del Interior Aníbal Fernández declaró al día siguiente que se había dado instrucciones precisas y que “el personal de Prefectura está allí en forma preventiva, de forma de cuidar la situación de la zona y no para participar activamente en un hecho de estas características”. Luego de estos incidentes son detenidos 10 empleados, que son liberados días después. Rubio relata que “los ‘albatros’ salieron a chupar gente que estaba manifestando pacíficamente en el acampe […] la fuerza que supuestamente tiene que protegernos vino a pegarnos, hicieron toda una demostración de fuerza, desplegaron una maquinaria en contra del trabajador, y salieron a chupar gente”. La acometida de los oficiales dejó como saldo varios heridos y los trabajadores denunciaron prácticas represivas. También se abrieron causas a varios delegados por disturbios en la vía pública y resistencia a la autoridad.

El reclamo incesante de los obreros sin el respaldo y apoyo del sindicato logró que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria, pero ésta no fue acatada por la empresa y la jueza Servini de Cubría dio el marco legal para que la empresa actuara de este modo clausurando el predio. “Desde ese momento nosotros venimos a Plaza de Mayo, viendo que la cuestión sindical y empresarial no tenía mucha salida, viendo que el problema ya se volvía muy político, porque estaba metida la justicia de manera improcedente” sostuvo Rubio.

Apostar la salud y el trabajo

El ataque del 9 de noviembre a la asamblea de trabajadores del Casino de Puerto Madero, sucedió mientras se discutía sobre el reclamo por la reducción horaria. Se planteaba bajar la carga horaria a las 6 horas. Debido al gran afluente de clientes que tiene el casino -“9 a 12 mil personas por día los fines de semana”, según el delegado Federico Rubio- y con jornadas de 8 horas, la salud de muchos trabajadores se veía gravemente afectada.

Los empleados denunciaban violaciones a la normativa de salud y seguridad laboral, de las Leyes 19.587 y 24.557 de riesgos del trabajo que estipulan la protección de la vida e integridad psicofísica de los trabajadores, la prevención de enfermedades y/o accidentes que pudieran derivarse de la actividad laboral, así como la promoción de eventuales reubicaciones de empleados damnificados. Entre las enfermedades y malestares particulares se probaron problemas musculares, trastornos respiratorios, psicológicos, casos de abortos y partos prematuros.

De acuerdo al testimonio del delegado, este reclamo de insalubridad ya había sido presentado en el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia y ante la misma empresa, e iban a conformar la mesa de Seguridad e Higiene; pero esta propuesta fue dejada de lado luego del 9 de noviembre. La gran cantidad de trabajadores despedidos y el comienzo del proceso de desafuero a delegados obligó a los trabajadores a movilizar sus fuerzas por la reincorporación y contra el atropello a su organización representativa. El delegado afirmó que se vieron obligados a dejar en un segundo plano el reclamo por la salubridad puesto que “articularlo con la lucha actual es bastante complicado, porque estamos en un momento en el que la empresa sigue buscando el desgaste, no podemos plantearnos varios objetivos cuando en definitiva nos está faltando el primordial, el puesto de trabajo”.

Negro el… pakto

El conflicto que se desató entre los empleados del casino con la patronal resulta en una verdadera epopeya con trabajadores que se han organizado a conciencia frente a un bloque que obra conjunta y coordinadamente. No resulta extraña ni paranoica la caracterización que hacen los delegados de los obreros de este mecanismo como un complot donde se entremezclan el Poder Ejecutivo, los intereses empresariales y la burocracia sindical.

La relación entre el matrimonio presidencial y Cristóbal López, socio mayoritario de la empresa que explota el casino de Puerto Madero, resulta aclaradora y se remonta a los tiempos en que el ex-presidente gobernaba la provincia de Santa Cruz y que no ha mermado hasta el día de hoy: en los últimos días de su mandato Néstor Kirchner firmó el Decreto N° 1.851 por el cual extendió en 15 años (de 2017 a 2032) la concesión de las máquinas tragamonedas del Hipódromo Argentino de Palermo a la empresa Casino Club S.A. manejada por Cristóbal López. En el mismo decreto el Poder Ejecutivo “demanda” que se instalen más máquinas y hasta justifica la extensión en la necesidad de amortizar las máquinas que reclama la empresa. El exorbitante ascenso de Casino Club S.A. sucedió en simultáneo al ascenso del matrimonio presidencial.

Otro personaje de este entrecruzamiento relacionado al Kirchnerismo es Omar Suárez, Secretario General del sindicato de marítimos SOMU, que de acuerdo con los trabajadores, es el gremio responsable de los ataques del 9 de noviembre. Sus relaciones con la empresa y los intereses de Cristóbal López comenzaron aún antes de que éste adquiriera el control del casino: de acuerdo a las declaraciones de Federico Rubio “cuando la empresa española CIRSA –Compañía Internacional de Recreativos S.A. es la sociedad que adquirió los derechos a la explotación del casino en 1999- se ve obligada a vender el 50% de sus acciones a Cristóbal López, el SOMU se presta a una jugada de hacer un paro virtual para abaratar las acciones de CIRSA y poder comprarlas a menor precio”. El delegado cristaliza la situación en la que se encuentran al atestiguar que los sindicatos (tanto el SOMU como ALEARA) “están apostando a un pacto social en el cual no quieren que el trabajador pueda imponerse ante la burocracia”.

Es ilustrativa la declaración del entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien aseguró que miembros de la Prefectura obraron desobedeciendo órdenes de no intervenir. Rubio afirma que en esa ocasión “los mismos gerentes de la empresa estaban en la línea de fuego”. Aunque Fernández había expresado la intención de separar de las fuerzas a los responsables, el prefecto Gustavo Koplin, encargado del operativo del 4 de diciembre, fue ascendido y se le confió el manejo de la base Delta de la Prefectura Naval Argentina.

Algo similar sucedió el 2 de enero cuando los trabajadores decidieron movilizarse hasta el Hipódromo Argentino de Palermo, el delegado dijo a Al Margen “nos cruzamos con la patota sindical en Libertador, detrás de la patota estaban los gerentes”.

Uno de los momentos claves de la lucha fue cuando los trabajadores lograron que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria, tanto la empresa como los sindicatos y el Poder Judicial obraron en contra del acuerdo: el arreglo que permitía reiniciar el diálogo es rechazado por la empresa que pide que se prohíba el ingreso a “los violentos”. Del mismo modo obraron los sindicatos ALEARA y SOMU al firmar un acta en contra de la aplicación de la conciliación obligatoria a un grupo al cual juzgan de atentar contra la seguridad laboral. Aparte de esto, la jueza Servini de Cubría dio causa a la cautelar pedida por la empresa y, en primera instancia, clausuró el predio y demandó a Prefectura que impidiese el ingreso de 16 de los empleados inhibidos (la mayoría de ellos pertenecientes al cuerpo de delegados).

Los medios masivos de comunicación también jugaron un papel cambiante: en primera instancia cubrieron el conflicto cercanamente, pero luego giraron por completo su postura para realizar, comenta Rubio, un verdadero cerrojo en cuanto a la información sobre la lucha “en el momento del conflicto en el cual nosotros necesitábamos que la sociedad se siguiera enterando de lo que estábamos padeciendo, la empresa subió el canon de publicidad en los multimedios y éstos nos negaron la posibilidad de hacer públicos nuestros reclamos, nuestros problemas y vivencias”.

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