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Televisión digital: indefinición, lobby y falta de políticas públicas

Posted by revistaalmargen en abril 14, 2008

Grupo Al Margen

La asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidente no supuso ningún cambio en la política oficial de postergar la definición del estándar de televisión digital terrestre (TDT) que adoptará el país. Los intereses contrapuestos del Grupo Clarín y Telefónica complican la decisión.

A una década de las primeras políticas nacionales sobre televisión digital terrestre (TDT), la elección de la norma permanece irresuelta y el gobierno nacional no muestra signos de avanzar al respecto. La decisión sobre que estándar implementar no es un tema menor ya que supone un negocio estimado en por lo menos 300 millones de dólares en el país, cifra que incluye desde las inversiones necesarias para el desarrollo de la TDT hasta la fabricación de televisores y conversores de señal. El lobby del Grupo Clarín y del Grupo Telefónica por normas rivales incomoda al gobierno ya que teme tomar una decisión que afecte los intereses de alguno de los dos multimedios que dominan el mercado comunicacional en Argentina. Entre ambos grupos suman los dos principales canales televisión por aire de Buenos Aires y los canales provinciales vinculados a estos, el diario de mayor circulación del país, radios AM y FM, los dos principales operadores de cable, el monopolio del servicio de telefonía fija y presencia dominante en el servicio de telefonía celular y de prestadoras de acceso a Internet.

La TDT es posible a partir de la digitalización de la banda de frecuencia del espacio radioeléctrico, lo que permite un mejor aprovechamiento de la misma. En televisión abierta esto se traduce en la apertura de más canales por banda y/o la mejora de la calidad de la imagen, la interactividad con el espectador a través de la línea telefónica o el servicio de banda ancha, además de permitir añadir servicios complementarios como Internet, información sobre la programación y la selección de idiomas. Las tres normas que se disputan el mercado mundial son la norteamericana Advanced Television System Committee (ATSC), la europea Digital Video Broadcasting (DVB) y la japonesa Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB).

Las normas

El estándar ATSC es promovido localmente por el Grupo Clarín, propietario de Artear S.A. y de los operadores de cable Multicanal y Cablevisión, y ya fue adoptado por Estados Unidos, Cánada, México y Corea del Sur. Se caracteriza por una mejor definición de la imagen aunque presenta problemas de recepción en equipos móviles y no amplía la cantidad de canales por frecuencia, lo que beneficia a los operadores de televisión por cable al mantener la cantidad de canales de aire en un número limitado.

El DVB, en cambio, es impulsado por la Unión Europea, en especial por compañías telefónicas (Siemens, Nokia, Telefónica), y ya fue elegido por otros países como Rusia, Australia, Israel, India y Uruguay. El impulsor local es la empresa española de telefonía Telefónica, dueña de Telefe y accionista mayoritario de Telecom, lo que da una posición cuasi monopólica tanto en el mercado de la telefonía fija como celular. Justamente lo que permite el DVB es la posibilidad de brindar servicio audiovisual a través de celulares además de habilitar más canales por ancho de banda, lo que debilita la posición de los operadores de cable respecto a las telefónicas.

Por último, ISDB es impulsada en Argentina por la filial de NEC y a nivel mundial por otras empresas tecnológicas como Sanyo, Toshiba, Sony y Panasonic. Es similar al DVB en cuanto a que amplía la cantidad de señales y habilita el servicio a telefonía móvil y ofrece a su vez conversores más baratos que sus competidores. Sin embargo, sólo Japón y Brasil lo implementaron y al no tener un grupo multimedio que lo apoye en el país prácticamente carece de chances de ser considerado por el gobierno.

Políticas K

A pesar de los rumores que inclinan la balanza a favor de la norma impulsada por Telefónica debido a la relación del gobierno argentino con la administración de Rodríguez Zapatero y el peso de los capitales españoles en el país, la posibilidad de afectar los intereses del Grupo Clarín demora cualquier definición sobre el tema. A partir de finales de 2005 distintos miembros del gobierno han mantenido diversas reuniones con representantes de los consorcios, aunque la falta de políticas claras al respecto y la inminencia de las elecciones presidenciales de 2007 suspendieron por tiempo indeterminado cualquier decisión que altere el mercado de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

En un principio, el gobierno de Kirchner intentó coordinar acciones con Brasil e incluso llegó a firmar un convenio de cooperación en noviembre de 2005. Se creó una comisión de estudio que priorizaría aspectos como el nivel de inversiones que generaría cada sistema y la creación de empleos que represente cada uno. Pese a esto, el cambio de Guillermo Moreno, principal nexo con Brasil, de la Secretaría de Comunicaciones a la Secretaría de Comercio Interior, así como el nulo avance en investigaciones al respecto, frustraron cualquier acuerdo regional y Brasil finalmente optó por elegir la norma japonesa motivado por sus propios estudios realizados y la posibilidad de incorporar tecnología propia en la ISDB.

Durante 2006, representantes de los tres sistemas mantuvieron reuniones con importantes funcionarios a fin de ofrecer las bondades de cada uno de sus normas. Autoridades de Siemens, Nokia, Philips y DMT así como directores de las filiales locales de Telefónica y Telecom presentaron el DVB en la Casa Rosada y fueron recibidos por el propio presidente Kirchner el 16 de noviembre de 2006. La presencia de representantes europeos en casa de gobierno es uno de los indicios que permite especular sobre la preferencia de la administración K por el DVB por el peso de las telefónicas.

Pese a esto, el embajador de Estados Unidos Earl Wayne encabezó una presentación de ATSC ante el ministro de Planificación Julio De Vido y argumento que esta era “la norma más avanzada y con los mejores costos”. Representantes japoneses liderados por su viceministro de Comunicaciones Hideo Shimizu también mantuvieron una reunión con De Vido a inicios de 2007. Su principal carta de presentación es la posibilidad de crear un bloque sudamericano con Brasil además de permitir el ingreso de las telefónicas en la explotación del sistema.

Para agregar más incertidumbre a esta resolución, el entonces interventor del Comfer, Julio Bárbaro, participó en febrero de 2007 en el 3GSM World Congress, cumbre mundial de telefonía móvil celebrada en Barcelona, y deslizó allí la posibilidad de optar por un estándar común junto a Colombia y Chile, otros dos de los países de la región que aún no definieron su elección. Pese a esto, no se ven avances ni proyectos de coordinación al respecto. Ni la flamante presidenta ni sus funcionarios han manifestado alguna opinión o información sobre el desarrollo de la TDT en estos primeros meses de gestión.

Una década pérdida

Vale recordar que en octubre 1998 el entonces secretario de comunicación Germán Kammerath, hoy procesado por su labor al frente de la misma, firmó la resolución 2357/98 que resolvía la adopción de la norma ATSC. En la misma se ignoraban acuerdos previos firmados con Brasil y las conclusiones vertidas en una comisión creada por el propio gobierno de Menem el año anterior y se autorizaba a los canales de aire a realizar transmisiones experimentales. La decisión del gobierno de beneficiar al capital norteamericano no generó entonces ningún conflicto con los principales multimedios debido a que tanto el Grupo Clarín, propietario de Canal 13 (Artear S.A.), como el grupo CEI-Telefónica, de capitales estadounidenses y españoles y dueño de Canal 11 (Telefe S.A.), estaban afiliados al ATSC.

En 1999 Citibank Equity Investment y Telefónica acordaron dividir los medios de comunicación que compartían lo que supuso un freno para el avance al ATSC ya que la empresa española, integrante del consorcio DVB, retiró sus empresas subsidiarias de ATSC incluyendo los medios que poseía en el país. La posición del Grupo Clarín, que continuó ligado a capitales estadounidenses, se vio debilitada aun más con la llegada de Henoch Aguiar al frente de la Secretaría de Comunicaciones bajo el gobierno de la Alianza. El nuevo secretario objetó la decisión de Kammerath al afirmar que no hubo coordinación alguna con Brasil y que se baso en fundamentos incorrectos. Sin embargo, la resolución nunca sería oficialmente derogada y la posterior crisis económica que sacudió al país quitó el tema de la agenda oficial hasta la llegada de Kirchner al poder.

Capítulo abierto en la política kirchnerista de medios

La cercana relación del gobierno con los grandes multimedios se inicia en el momento mismo de la asunción de Kirchner ya que asume con sólo el 22% de los votos y en medio de un enorme descrédito de la clase política. A pesar los constantes “retos” a la prensa que han prodigado desde el ex presidente y la actual mandataria hasta funcionarios de segunda línea como el jefe de gabinete Alberto Fernández o el diputado Carlos Kunkel, uno de los sellos de este gobierno es el estrecho vínculo desarrollado con los principales medios de comunicación.

A finales de 2004, a partir de la resolución 1326 del Comfer, el gobierno renovó la licencia por canal 13 a favor de Artear S.A. por 10 años según lo establecido por la todavía vigente ley de radiodifusión de la dictadura 22.285. Canal 11 no sería la excepción y la licencia sería renovada mediante la resolución 1387 también por 10 años hasta enero de 2015. Estos 10 años de gracia a los licenciatarios se transformarían en 20 con la firma del decreto 527 del 20 de mayo de 2005. Este estableción la suspensión del conteo por 10 años de las licencias de radiodifusión a cambio de la obligación de presentar un espacio de programación que contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población y a “proceder a la incorporación de nuevas tecnologías, como la digital”. Finalmente, no es un detalle menor agregar que Clarín y el gobierno nacional comparten con el diario La Nación las acciones de Papel Prensa S.A., empresa que controla el abastecimiento local de papel para periódicos.

Claramente, la elección de la norma y las futuras políticas sobre TDT estarán influenciadas por aquel lobby que logre ejercer mayor presión sobre el gobierno. La decisión no es fácil porque implica un quiebre en el actual equilibrio mediático que sostuvo y sostiene a la gestión kirchnerista casi indemne de criticas en sus casi cinco años de gobierno. El costo político es inevitable. La reciente disputa entre el Grupo Clarín y el gobierno a raíz de la cobertura del lockout agropecuario es una muestra evidente de un quiebre en la relación de ambos actores.

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