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Un pacto para vivir… en explotación

Posted by revistaalmargen en abril 5, 2008

Grupo Al Margen

Se cumplen 5 años de Kirchnerismo en la Argentina y se sella con ellos un modelo que se basa en el nuevo pacto social para pregonar la Argentina en serio. En el marco de la recomposición del PJ, versión K, resulta necesario profundizar el entendimiento sobre el significado impuesto del pacto y cuáles son sus expresiones reales para los trabajadores.

La idea del pacto juega con el imaginario peronista, con la estampa de la mano que, desde una posición ventajosa, levanta a la mano desfavorecida. Sería la superación de la lucha de clases a partir de un Estado con intervención económica como garante de la redistribución democrática (o más democrática) del ingreso. Con la caída de la visión de intereses contrapuestos e inconciliables se plantea la cohesión nacionalista de las clases: el capital nacional es el origen de la gran fábrica, el pleno empleo y la seguridad social para los trabajadores.

Históricamente el pacto social fue parte del modelo económico Keynesiano (en Latinoamérica expresado por los populismos nacionalistas) que atribuía una economía fuerte a un mercado interno fuerte. Una suerte de capitalismo humano que necesita, sin poner en juicio el statu quo, un proletariado con altos ingresos y gran concentración para favorecer el consumo. Este modelo entró en crisis a principios de los ´70 y la respuesta desde los países centrales fue el quiebre del movimiento obrero y la implementación del neoliberalismo. Las bases del nuevo modelo económico fueron y son hasta hoy, la libertad total del capital, sobre todo del capital financiero, el desmantelamiento del Estado y el quiebre de la organización obrera provocada por la concentración fabril.

La base para el proyecto de pacto kirchnerista está en el discurso sobre la recuperación de los derechos humanos a través del enjuiciamiento de responsables del genocidio cometido por la última dictadura. Pero esta habilitación no sale del discurso: durante el mandato de Néstor Kirchner se echó mano a la criminalización y militarización de la protesta, al gatillo fácil y a la tortura en las comisarías. El documento “‘El respeto y la defensa de los DD.HH.’, según Kirchner…”, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI – 2006), revela la distancia entre los dichos y los hechos del mandato del ahora expresidente denunciando el incumplimiento interesado de sentencias como la del caso Bulacio (desde septiembre de 2003). En los Derechos Humanos, el Kirchnerismo busca una fuente de legitimación pero sin que esto signifique un mayor respeto de los mismos. El Informe del boletín informativo N°429 del CORREPI es muy claro al denunciar que hasta mayo de 2007 son 692 las personas asesinadas por las Fuerzas de Seguridad y para el momento de traspaso del poder esa cifra subía a 847 muertos en 54 meses de gestión. Más de 16 por mes, en su mayoría jóvenes pobres.

El modelo del nuevo pacto social corresponde al neoliberalismo, al capitalismo salvaje. Hablar de pacto resulta hoy día en la alianza marcada entre el sector privado, los sindicatos burocráticos y el gobierno en pos de defender las pautas marcadas por el modelo económico reinante. Cristina Fernández goza de un superávit fiscal y comercial que se ha mantenido constante a lo largo de todo el periodo kirchnerista, una recaudación fiscal sin precedentes y reservas por US$ 50.000 en el Banco Central. Queda claro que el gobierno cuenta con fondos y medios para realizar los cambios que declara.

El kirchnerismo ha “tercerizado” la represión con el uso de patotas, criminalizado y militarizado la protesta obrera, respetado las privatizaciones y los deseos de las empresas multinacionales. El gobierno con mayor discurso en materia de derechos humanos y persecución política durante la última dictadura, es el que más restringe las libertades al movimiento obrero.

Los roles que juega cada uno están claros: los sindicatos se vuelven fuerzas de choque para atacar a las bases organizadas que luchan por verdaderas reivindicaciones obreras. El pago por esto es la autoridad para pactar los aumentos y la distribución de los ingresos de manera directa con el poder. Los ejemplos son muchos, como la acción conjunta del gremio Unión de Tranviario y Automotor (UTA) y la empresa Metrovías a finales de 2007, lo mismo hizo en Microomnibus Norte S.A. (MONSA) y la línea 60; el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el empresario Kirchnerista Cristóbal López.

Simultáneamente se plantea un régimen entre las empresas y el gobierno. Se estimula la producción sin interrumpir en el campo privado ni buscar la democratización del ingreso. Las subvenciones multimillonarias de las empresas y la represión en casos donde la protesta se acerca demasiado al Poder Ejecutivo (las patotas en el Hospital Francés, la militarización de las escuelas en Santa Cruz y la intervención del INDEC, entre otros casos) es el espacio de juego del proyecto K. De este modo recibe el apoyo de las empresas y de la burocracia sindical para imponer su modelo de normalización político-económica. La intervención del INDEC toma una relevancia central, no solo se acalla la crítica del modelo económico impuesto sino que el gobierno tiene dentro de su poder la capacidad de modificar las mediciones económicas y laborales.

La rama privada es doblemente beneficiada en este juego: la profundización de las políticas de quiebre obrero y la defensa del retiro del Estado, da la pauta de un amplio cuadro de libertades sólo limitadas por la orientación mínima pautada con el gobierno, que en muchos casos no pasa de un pacto sin una verdadera realización. Este nuevo pacto social no cambia las reglas de juego de la economía neoliberal, sino que las profundiza.

Links de interés:

http://correpi.lahaine.org/articulo.php?p=793&more=1&c=1 (Boletín N°429)

http://cablemodem.fibertel.com.ar/juicioalatortura/Presentacion_2007.pdf (Presentación del Archivo de Casos 2007)

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La doble lucha de los delegados de Metrovías (parte I)

Posted by revistaalmargen en marzo 29, 2008

Grupo Al Margen

El reclamo por mejoras en las condiciones de seguridad en las formaciones y estaciones del subte ha puesto en veredas opuestas a delegados-obreros y a Metrovías (empresa concesionada) y el sindicato UTA. Denuncias, presiones y amenazas se vuelven moneda corriente en esta discusión. (nota realizada en diciembre de 2007)

“Se está trabajado en un campo de concentración”, así se refiere el delegado Néstor Echeto a la constante vigilancia y la presencia policial en el Taller Constitución de la línea C. Aquello que comenzó como un reclamo por medidas de mantenimiento desembocó en una situación que mezcla denuncias cruzadas entre la empresa y los obreros. La actividad constante y lucha de los delegados junto a la importancia misma del subte como transporte urbano (según Metrovías, en el 2005, el subte y premetro transportó 253,3 millones de pasajeros pagos, en el 2006 esa cifra superó los 267 millones) hace imposible ocultar conflictos tan visibles como los reclamos de los obreros. Hoy día, el eje de esta histórica puja se mueve a otro problema que iguala al trabajador con el usuario: la seguridad y mantenimiento de los coches de transporte y la inactividad de la empresa que recibe subsidios estatales multimillonarios. En este marco se incrementaron las presiones sufridas por los representantes obreros del subte, no solo las que se reciben desde la empresa sino presiones de UTA (Unión de Tranviario y Automotor), el sindicato mismo al que los trabajadores del subte se encuentran afiliados.


Los delegados denuncian que se preparó todo un arsenal de ataques e intimidaciones: la presencia de garitas y cámaras de vigilancia en los lugares de trabajo, la prohibición de las asambleas obreras, el pedido de desafuero del delegado obrero Néstor Segovia y el inicio de los trámites para su despido hasta amenazas e intimidaciones directas. En contrario, Metrovías afirmó que el delegado Segovia “vandalizó” los coches en formación y que las protestas no son compartidas por la mayoría de los trabajadores.

A partir del 4 de octubre de 2007 la Defensoría del Pueblo tomó cartas en la disputa llamando a la conciliación y entabló una mesa de negociaciones entre las partes mediada por el Ombudsman Eduardo Mondino. A esta acudieron la Secretaría de Transporte, la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), Metrovías y, de manera separada, representantes de UTA y de los delegados de talleres del subte. Con la consigna de respetar los posibles acuerdos, los trabajadores decidieron no presentar medidas durante la conciliación aunque no la respuesta de la empresa.

Históricamente, en subtes, se han logrado muchas reivindicaciones para los trabajadores como los aumentos de media canasta familiar al sueldo y la reducción de jornada por trabajo insalubre. El delegado de tráfico en la línea D Néstor Echeto participó en esas luchas y actualmente es representante de los delegados en las negociaciones.

Emergencia: sustos y avisos
Entre reclamos y advertencias los coches continúan en uso en las 5 líneas a las que se suma la recién inaugurada, y ya denunciada, línea H. Como es previsible, los problemas se suceden comprobando que el pedido de los trabajadores no es más que el cumplimiento de normas de seguridad básicas. Esta es la recapitulación de “accidentes” importantes por la falta de mantenimiento.

19 de mayo 2006 descarrila una formación de la línea A en la estación Miserere. No existen víctimas fatales ni heridos de gravedad.

21 de junio 2006 otro descarrilamiento pero en la línea D a la altura de Plaza Italia. Nuevamente tampoco hay víctimas fatales ni de gravedad.

3 de Agosto de 2006 otro principio de incendio esta vez, en la línea “D”, en un coche en formación que se dirigía hacia Belgrano. Debieron evacuarse a los pasajeros cuando en la estación Scalabrini Ortiz se advirtió que salía una espesa columna de humo de una las unidades. Más tarde se comprobó que la avería se produjo en los frenos de un vagón.

10 de septiembre 2006 coches de la línea C descarrilan en Diagonal Norte. Nuevamente no se produjeron muertes o heridos.

21 de Octubre de 2006 El servicio de la Línea A de subterráneos estuvo suspendido más de cuatro horas, debido a un principio de incendio en los cables de electricidad que alimentan de energía a las vías, informaron fuentes policiales y de Metrovías. Cuando se inició el fuego, a las 9:42 en la estación Alberti, la empresa “cortó la energía de la línea y se interrumpió el servicio”. Al lugar concurrieron tres dotaciones de bomberos. El servicio se restableció recién a las 14.

23 de Julio 2007 ocurrió un principio de incendio que afectó la estación Independencia de la línea E de subtes, sin que se produjeran heridos ni se interrumpiera el servicio. Metrovías aceptó, en este caso, la existencia del fuego pero declaró que fue extinguido rápidamente por un policía que oficiaba de vigilante de la estación. La línea continuó con su servicio sin parar en esa estación.

5 de octubre 2007 un tren de la línea D siguió de largo varias estaciones entre Agüero y Carranza. Además, se detuvo 25 minutos en el túnel. Una pasajera embarazada tuvo problemas y desde Metrovías no dieron ninguna explicación.

19 de octubre 2007 hubo demoras e interrupción en la línea B luego de que un pasajero denunció haber escuchado una explosión y se corroborara un principio de incendio en una formación parada en la estación Malabia. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos que combatieron las llamas. Como consecuencia del episodio no hubo heridos. Metrovías, en tanto, rechazó la existencia de la avería.

El 13 de septiembre de 2007 la viceministro de Trabajo, Noemí Rial, afirmó tras una inspección en el taller Rancagua de la línea B que “están dadas las condiciones de seguridad para que los subtes puedan circular” y no existía “riesgo real ni inminente para los pasajeros”. En el mismo mes, el Ente Regulador de Servicios de la Ciudad realizó un informe que contradijo esa postura. En él, se descubrieron 503 fallas, contra 596 contabilizadas a lo largo de todo el año 2006. Las mayores falencias son la falta de higiene, de señalización y de elementos de seguridad contra incendios. Cuando estas fallas salen a luz se los tiene como accidentes y hasta se los niega desde la empresa pero resulta esencial entenderlas conjuntamente, como un proceso. Es en los hechos que las denuncias de delegados-trabajadores encuentran su prueba: Metrovías declara un subsidio estatal de $250 millones anuales y la falta de mantenimiento continúa. A eso se suma las entradas por el pasaje que alcanzaría aproximadamente los $206,3 millones en el 2006 y que se vieron incrementadas a principios de este año.

Del reclamo a la persecución
En un informe del 2006, la Defensoría del pueblo atestiguó el “deterioro en la calidad del servicio en menoscabo a los pasajeros y trabajadores del sector” intimándose a la CRNT y Metrovías a consolidar un servicio seguro, eficiente y apto. Los empleados se adueñaron rápidamente de este reclamo.

La inauguración de la línea H proporcionó la oportunidad a la empresa de dividir uno de los espacios de más fuerte acción de la organización obrera, la UTA prefirió aceptar calladamente. El traslado de las unidades Siemens para prestar servicio en la nueva línea requiere el consecuente traslado de parte del personal a ese sector y la redistribución del restante en otros talleres del Subte. Al mismo tiempo Metrovías avanzó contra la organización de los talleres sumando puestos de trabajo a empresas tercerizadas.

A fines de agosto comienzan las declaraciones en bloque de Metrovías, la CRNT y el sindicato. La empresa perteneciente a Roggio Transportes S.A. (que mantiene un 75% de acciones) emitió un comunicado en el que advierte que los delegados impedían la salida de los trenes respondiendo “a motivaciones que son ajenas a las relaciones laborales y a las facultades de los delegados”. El Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, limitó el conflicto a “un problema gremial” y desentendiéndose de los problemas técnicos denunciados anteriormente sostuvo que “se está generando temor en la gente”. A tono con estas declaraciones, un comunicado de la conducción de la UTA calificó a los delegados como “fabricantes de rumores” y de “traidores” por su oposición al gremio. En entrevista con el delegado Echeto dijo: “Hoy día, los organismos de control son funcionales a los intereses de Metrovías y las privatizadas en general”.

El 13 de septiembre (mientras la viceministro inspeccionaba los talleres de la línea B) la vocera de Metrovías, Lucila Maldonado, confirmaba el pedido de “desafuero” contra el delegado del Taller Constitución de la Línea C, Néstor Segovia y el inicio de una causa penal por “impedir la salida de una formación habilitada para el servicio, parándose sobre las vías delante del tren”, amenazas y la agresión directa a otro trabajador. Al respecto, Echeto comentó que se trató de “una maniobra para permitir abrirle una causa penal que justifique el pedido de desafuero de la empresa” debido a que “Segovia está en el Taller Constitución que es el que se propusieron vaciar y por eso necesitan liquidarlo”.

Sentados a la mesa
Ante la creciente presión de la empresa y la gremial contra los delegados de base y el llamado de los delegados a paro activo de 24 horas para el 26 de septiembre de 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación propuso una mesa de diálogo.
Echeto habló sobre los puntos llevados a la negociación: “Nosotros planteamos resolver las consecuencias del conflicto: lo de Segovia y el resto de los compañeros comenzando por Segovia que es lo más grave”, además “estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo en la construcción de un informe técnico concreto sobre el estado del mantenimiento de los trenes”. Opuestamente, en un comunicado de prensa del 28 de septiembre de 2007 Metrovías informó que llevaba invertidos “118 millones de pesos” en mantenimiento y ratificó “el respeto por las condiciones en que sus 4000 empleados trabajan diariamente, apoyando la voluntad de trabajo de cada uno de ellos”. Los hechos sobre las condiciones de trabajo en Taller Constitución y “el poco margen de acuerdo” que Echeto afirmó sobre las negociaciones del caso Segovia y todos los trabajadores afectados por sanciones.

Hoy día, la maniobra de desafuero contra Néstor Segovia sigue en curso y el cuerpo de delegados del subte ha llamado a una manifestación el 3 de abril frente al Juzgado Laboral 59, en defensa de la plena libertad de acción gremial y el cese de la causa contra Segovia.

Links de interés: http://www.metrodelegados.com.ar/ (Sitio de los delegados y trabajadores del subte)

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